BURÓ POLÍTICO/ LA JUSTICIA NO SE NEGOCIA
POR ARIEL VILCHIS #vertigos
Escribir sobre el tema no es nada sencillo; el caso de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado la madrugada del 4 de marzo de 2010 en un bar de la zona dorada del malecón de La Paz, mantiene una investigación abierta y se sigue revisando, así lo ha declarado el actuar procurador Daniel de la Rosa.
Si bien es cierto que las autoridades deben garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, la fabricación de testimonios, falta de pruebas y la presión social han influido en no resolver la muerte del joven, según fuentes de la misma procuraduría.
Es por ello que pueden entenderse las manifestaciones por parte de los familiares exigiendo JUSTICIA a más de 12 años de los lamentables hechos. Sin embargo, la garantía de este derecho está fuera de cualquier NEGOCIACIÓN POLÍTICA, SOCIAL O ENTRE PARTICULARES.
Y es que trascendió el día de ayer, después de las protestas que realizara el padre de Jonathan Hernández en el Congreso del Estado dondemanifestó su inconformidad ante la falta de justicia en el caso de asesinato de su hijo, que pidiera al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, la cantidad de 6 MILLONES DE PESOS POR LA “REPARACIÓN DEL DAÑO” en una reunión privada que sostuvieron.
Es en este punto donde se puede especular que la búsqueda de la justicia queda rebasada por el interés meramente financiero, ya que han pasado varias administraciones estatales –incluso de distintos partidos políticos– que no han logrado cerrar el caso y es justamente ahora que se solicita una reparación del daño cuando el expediente sigue en tribunales.
A Daniel Hernández se le ha garantizado el derecho de audiencia, se ha reunido con el ejecutivo quien le ha garantizado que la investigación continúa sin embargo, el reclamo de una reparación del daño por varios millones de pesos hace pensar que la justicia es lo que menos importa ahora, sino un interés financiero.
La justicia no se negocia ni se pacta y si bien es cierto que este caso no ha sido pronta ni expedita,corresponde a la autoridad judicial responder y el ejecutivo del estado no tiene por qué ceder a intenciones particulares o políticas, mucho menos de índole financiera.
Ya veremos qué sucede, es mi opinión, al tiempo…
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