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Buscan proteger a quien ‘destape’ corrupción

De cara a la discusión de las leyes secundarias para el Sistema Nacional Anticorrupción, que se prevé se desarrolle en los próximos meses, cinco senadores de oposición propusieron una legislación para proteger a las personas que revelen información sobre este tipo de actos.

La iniciativa plantea que la protección se brinde tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos, bajo el argumento de que quienes denuncian conductas corruptas carecen actualmente de medidas que los defiendan de posibles represalias, sean físicas (agresiones), psíquicas (amenazas), morales (calumnias), económicas (despidos) o legales (demandas).

«Es necesario que las personas que divulguen información reservada que revela violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o infracciones graves a la ley no sean sujetos de responsabilidades penales o administrativas», dice la propuesta, firmada por la panista Luisa María Calderón y por los perredistas Zoé Robledo, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles y Raúl Morón.

«En México, quienes realizan este tipo de acciones valerosas carecen de protección legal o constitucional», agrega el texto, presentado la tarde del jueves ante el pleno del Senado y turnado a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.

La ley plantea que las denuncias puedan presentarse ante las cámaras de Diputados y de Senadores, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), los tribunales del trabajo y otras dependencias federales.

Dichas denuncias, según la norma, serían enviadas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción o a la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR) para que comiencen las investigaciones correspondientes.

En tanto, la información sobre los informantes —conocidos en inglés como whistleblowers— permanecería como «reservada y confidencial», con apego a las leyes de transparencia.

La iniciativa de ley también prohíbe que los funcionarios públicos que se conviertan en informantes puedan ser despedidos de sus cargos y que, si así sucede, éstos puedan pedir apoyo al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, el comité estaría facultado para ordenar medidas de protección en materia laboral (como el cambio de un centro de trabajo a otro) o personal (vigilancia policial u ocultamiento de su ubicación).

La propuesta llega al Senado al inicio de la 63 Legislatura, que tiene la obligación de discutir y votar las leyes que reglamentarán el Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior significa que estas normas definirán cómo tendrán que coordinarse y actuar las instituciones que conforman el sistema, como la SFP, la fiscalía especializada en combate a la corrupción y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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