Arde CONAGUA BCS:
Por Tito LOYA H. #Vertigos
- Espejismo de la Justicia en CONAGUA BCS.
- De los oasis de lujo a la sequía popular.
- Milagro de la ingravidez política.
La estabilidad operativa al interior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California Sur parece haber entrado en una fase de evaporación acelerada. La permanencia del Ing. Julio César Villarreal Trasviña al frente de la dependencia pende de un hilo sumamente fino, erosionado por un coro creciente de asociaciones civiles, legisladores y sus propios colaboradores, quienes exigen no solo su destitución inmediata, sino la apertura de rigurosas auditorías.
En una fascinante demostración de «diplomacia y tolerancia» institucional, los trabajadores del organismo se vieron obligados a trasladar sus reclamos al Congreso del Estado. ¿El motivo? El cese fulminante de un empleado bajo el siempre elástico y conveniente argumento de «pérdida de confianza». El verdadero crimen del trabajador consistió en participar en un protocolo sindical de contingencia ante huracanes donde, para su infortunio, compartieron espacio la Diputada Karina Olivas Parra y el Diputado Federal Luis Armando Díaz, ambos de filiación petista. Al parecer, la pluralidad política resulta ser un riesgo hídrico inaceptable para la actual administración.
Para dimensionar la peculiar visión de equidad de esta gestión, es preciso retroceder a septiembre de 2025. En una maniobra jurídica que hasta legisladores de la 4T, como Sergio Huerta Leggs, tildaron de arbitraria y «legaloide», Villarreal Trasviña instruyó la clausura de pozos ejidales. Esta decisión quirúrgica cortó el suministro por pipas a más de 60 colonias populares y marginadas de la red en Cabo San Lucas. Mientras la población padecía los estragos del encarecimiento y la sed en pleno verano, el director se lavaba las manos —con agua de red, presumiblemente— escudándose en la prelación de usos de la Ley de Aguas Nacionales. Tuvo que ser la sensatez de un juez federal, mediante un amparo definitivo, la que obligara a reabrir las válvulas de la supervivencia.
Simultáneamente a su loable esfuerzo por racionalizar el agua en las zonas más vulnerables (agosto de 2025), la CTM expuso públicamente al ingeniero, acusándolo de presuntas prácticas de extorsión contra propietarios de pozos privados —como el caso Poloni— para forzar su conversión a uso comercial. Por si fuera poco, diversas investigaciones periodísticas documentaron su presunta flexibilidad administrativa para autorizar el desvío de arroyos, beneficiando, en una feliz coincidencia, a intereses de fraccionadores privados.
Todo paladín del recurso público tiene un origen, y el del ingeniero Villarreal Trasviña nos ayuda a entender su peculiar vocación de servicio. Egresado de Ingeniería Civil por el ITESM (2002-2006) y especialista en levantamiento topográfico (LIDAR) e hidráulica fluvial, cimentó su trayectoria diseñando paraísos exclusivos. Antes de erigirse como el férreo guardián del agua en septiembre de 2021, su currículum deslumbraba por su inquebrantable devoción a los mega-desarrollos turísticos y residenciales de lujo en la entidad. A través de consultoras internacionales como Wood PLC y Amec Foster Wheeler, prestó sus inestimables servicios a desarrollos devoradores de recursos como Costa Palmas, Diamante Cabo San Lucas y Puerto Los Cabos. Quien aprende a gestionar el oasis para unos cuantos, previsiblemente encontrará engorroso administrar la escasez para la mayoría.
La supervivencia de un delegado federal frente a semejante acumulación de escándalos desafía las leyes de la física política, a menos que exista un blindaje superior. Aunque en el papel la dependencia rinde cuentas a la capital del país, su soporte estructural es de orgullosa manufactura local. Según denuncias presentadas en junio de 2026 ante el Congreso del Estado por el Sutdsemarnat, Villarreal Trasviña opera bajo un manto de impunidad garantizado por las más altas esferas. Los representantes sindicales no titubearon en catalogarlo abiertamente como un «protegido del Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío». Este formidable escudo le ha otorgado la licencia para ignorar auditorías, fulminar el diálogo y mantener lo que los trabajadores han definido como un auténtico «secuestro político» de la institución.
El clímax de esta inoperancia lo retrata a la perfección el alcalde de Los Cabos, Arq. Christian Agúndez Gómez. En un reciente evento en Los Barriles frente a medios de comunicación, el edil confesó con envidiable franqueza que tuvo que «brincarse» al titular de la CONAGUA. Las razones son tan pragmáticas como desoladoras: lejos de fungir como un facilitador institucional, Villarreal Trasviña resultaba ser el principal obstáculo para articular soluciones que permitan llevar más agua a los habitantes del municipio. Cuando la autoridad local debe sortear a la autoridad federal para lograr resultados, es innegable que la institución no solo hace agua, sino que hace tiempo se ahogó en su propio escritorio.
