La retención de la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá pone en tela de juicio el respeto a los usos y costumbres por parte del estado mexicano.
“La vida de Nestora Salgado corre bastante riesgo por la huelga de hambre que realiza desde el 5 de mayo para demandar su libertad a pesar de que ahora está bajo vigilancia médica, en el Reclusorio de Tepepan”, señaló el abogado Sandino Rivero.
La dirigente de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero ha accedido a consumir líquidos pero aún no consume alimentos solidos pues desea mantener la medida de fuerza para demandar su liberación, señaló el abogado a SDPnoticias.
“Todavía hoy que la fui a visitar hace un par de horas, estaban haciendo algunos estudios médicos su salud sí se ha agravado, porque aún no consume alimentos, los médicos de Tepepan aún no tienen la valoración completa», resaltó.
Estrategia legal
Sandino Rivero indicó que por ahora la defensa ha iniciado con el ofrecimiento de pruebas para demostrar su inocencia; sin adelantar tiempos, detalló que aún faltan más de dos meses para mostrar avances.
“Lo que la señora Nestora Salgado ha pedido de manera reiterada es que el Fiscal General del Estado de Guerrero, Miguel Ángel Godinez se desista de las acusaciones porque sería la vía más rápida y práctica para que recobre su libertad».
Sandino Rivero aclaró que sobre Salgado García sólo pesan acusaciones por secuestro, delito que carece de sustento porque el marco legal del estado de Guerrero y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) permiten el funcionamiento de la Policía Comunitaria, y con ello le otorga facultades a la organización para detener a delincuentes.
Sandino explicó que legalmente estos cuerpos de seguridad están facultados para hacer tareas de seguridad pública conforme a la Ley 701 de Usos y Costumbres del Estado de Guerrero que es la Ley de Reconocimiento de Cultura y Derechos Indígenas así como por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Todo estaba enmarcado perfectamente en su actuación como Policía Comunitaria, entonces es una forma maquinadamente institucional de criminalizar la organización que ellos tenían”, señaló.
Para Rivero este caso “pone en juego” el respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que si bien son reconocidos por la ley “en los hechos existe represión jurídica”.
