El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones sobre la ejecución de 22 personas a manos de militares el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
“A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, expresó Christof Heyns.
Por medio de un comunicado Christof Heyns instó a las autoridades mexicanas investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. “Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, indicó.
Heyns añadió que también deben ser investigados “aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos”.
Además el representante de la ONU instó a las autoridades a tomar en consideración las nuevas evidencias que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación que implicarían abatir a los delincuentes por la noche.
Christof Heyns advirtió que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.
Por ello, dijo que «la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”, resaltó.
