· Plantea reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de que los municipios adapten su planeación territorial y reglamentos, con base en su exposición a riesgos por desastres naturales
El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro propuso una iniciativa de reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de elaborar un atlas de riesgo a nivel nacional, dar mayor difusión a las tareas de protección civil y mitigar el efecto de los fenómenos naturales en zonas de riesgo.
El legislador por Baja California Sur afirmó que su iniciativa plantea que corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) expedir un catálogo nacional de códigos de construcción vinculados a los atlas de riesgo nacional, estatales y municipales, que sirva de directriz para que los municipios incorporen la gestión integral del riesgo en la programación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, mediante la actualización de sus reglamentos de construcción, considerando los peligros y riesgos inherentes a sus condiciones geográficas y meteorológicas específicas.
El Atlas, agregó, tendrá como propósito que los municipios puedan elegir y adaptar en su planeación territorial, reglamentos y demás ordenamientos de su competencia, así como los códigos más adecuados con base en su exposición a los riesgos específicos que se presentan en su territorio.
En este sentido, corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven, tomando en cuenta el catálogo nacional de códigos de construcción.
Lo anterior, explicó Fernández Sánchez Navarro, no representa una invasión de atribuciones entre los órdenes de gobierno, pues los municipios seguirán a cargo de sus atribuciones constitucionales, relativas al otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, porque la medida pretende proporcionar una herramienta para que los municipios actualicen sus códigos de construcción e incorporen con mayor facilidad la prevención de riesgos en los asentamientos humanos.
De esta forma, dijo, se estaría vinculando el ordenamiento territorial y el uso de suelo con la reducción de riesgos, como una de las medidas para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los desastres naturales.
Fernández Sánchez Navarro expuso que en México existe multiplicidad de riesgos que pueden ocasionar un desastre natural, por lo que diversos asentamientos humanos son susceptibles a convertirse en zonas de riesgo.
Cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) documentan que 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de lo cuales cerca del 70 por ciento habitan en zonas urbanas, el 9.5 por ciento en zonas semiurbanas y el 20.5 por ciento en zonas rurales, expuso.
Manifestó que, a pesar de que la Federación tiene responsabilidad en la elaboración de programas, planes y acciones preventivas contra desastres naturales, los estados y municipios son los principales responsables de ejercer dichas acciones preventivas.
Además, refirió que el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil establece que el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes para la autorización de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.
Sin embargo, dijo, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, la insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las regiones o zonas vulnerables “se ve reflejada en la casi inexistente vinculación entre la información proporcionada por los atlas de riesgo y la toma de decisiones en temas como la concesión de permisos sobre uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción de vivienda”.
Lo anterior, agregó, se agrava debido a que no existen obligaciones claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos por parte de las autoridades locales.
Por ello, sostuvo, en tanto la actualización de los atlas de riesgo no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del desarrollo urbano, la población asentada en zonas irregulares continuará asumiendo los costos de una política de desarrollo urbano incompleta.
La iniciativa fue firmada también por la senadora priista Angélica del Rosario Araujo Lara.
